La oposición venezolana enfrenta un escenario de creciente fragilidad y represión en medio de la escalada de tensión con Estados Unidos. El reciente despliegue de ocho destructores y un submarino nuclear de la Armada estadounidense en el Caribe, bajo operaciones antidrogas, marca un giro en la estrategia de Washington hacia Caracas, acusando al presidente Nicolás Maduro de liderar el llamado Cártel de los Soles, señalamientos que el mandatario rechaza categóricamente.
Según el profesor Benigno Alarcón, experto en conflicto y negociación, esta movida de la administración Trump representa un cambio respecto a las sanciones que anteriormente se centraban en instituciones y figuras del círculo oficialista. Para el analista, se trata de un juego “completamente distinto” que genera preocupación en la élite de poder venezolana.
La oposición llega debilitada a este momento crítico. Muchos de sus dirigentes han sido encarcelados, exiliados o forzados a la clandestinidad. María Corina Machado, quien logró unificar las fuerzas opositoras en 2024 y encabezó la campaña presidencial de Edmundo González, afirma que la disidencia se organiza desde la resistencia, aunque lleva meses sin aparecer en actos públicos. González, por su parte, permanece en España tras abandonar el país luego de la cuestionada reelección de Maduro el 28 de julio de 2024.
Desde el oficialismo, líderes como Diosdado Cabello han advertido que cualquier escalada con Washington tendrá represalias directas contra opositores. El Gobierno insiste en que los procesos electorales recientes fueron legítimos, mientras opositores y observadores internacionales denuncian irregularidades y falta de transparencia en el conteo de votos.
En este clima, la persecución política se intensifica. Organizaciones como Foro Penal registran más de 800 presos políticos, entre ellos militares, mientras que partidos de la alianza opositora reportan cientos de detenciones arbitrarias contra activistas y líderes sociales. Para expertos como Carmen Beatriz Fernández, el país vive bajo un modelo de “democracia mínima y votaciones máximas”, donde el Gobierno promueve comicios locales pero no permite una alternancia real en el poder.
Algunos sectores de la oposición han optado por participar en elecciones regionales, pese a la baja participación y el predominio oficialista, mientras Machado y sus aliados llaman a la abstención denunciando fraudes. Esta división interna se suma a un clima de silencio forzado, en el que las protestas y pronunciamientos públicos se reducen ante la amenaza de detenciones.
El exiliado Juan Guaidó sostiene que no habrá impunidad y que la justicia internacional alcanzará a Maduro, mientras Henrique Capriles plantea una negociación directa entre el mandatario venezolano y Donald Trump, rechazando una posible intervención militar.
El tablero político se mueve entre la presión internacional, el endurecimiento de la represión interna y la incertidumbre sobre la capacidad de la oposición de reorganizarse. Para analistas como Rafael Uzcátegui, aunque el liderazgo de Machado muestra señales de desgaste, sigue siendo la figura central de la alternativa democrática. El desafío, sin embargo, radica en lograr resultados concretos que respondan a las expectativas de una población marcada por el exilio, la migración y el desencanto.
Con la presencia militar de Estados Unidos en aguas del Caribe y las advertencias de Caracas sobre un plan de defensa nacional, el futuro inmediato de Venezuela se mueve entre la confrontación externa y la represión interna, en un escenario que vuelve a colocar al país en el centro de la agenda internacional.
Redacción