Daneidy Barrera Rojas, reconocida como Epa Colombia, fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor a una estación de la Policía Nacional en Bogotá, donde continuará pagando su condena de cinco años y tres meses por instigación al terrorismo. El proceso, oficializado el 20 de agosto, no fue un trámite sencillo, sino el resultado de meses de gestiones de su defensa, encabezada por los abogados Francisco Bernate y Víctor Mosquera, quien incluso acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre los argumentos presentados estaban los riesgos de seguridad por su notoriedad mediática y el deterioro de su estado físico y anímico en prisión. El traslado contó con el aval del Inpec, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa, además de los reiterados llamados del presidente Gustavo Petro, quien insistió en que se buscara un esquema que garantizara su integridad. El caso ha despertado debate público sobre privilegios en el cumplimiento de penas y la influencia política en decisiones judiciales.
Redacción