La jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Heredia, condenó en primera instancia al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, convirtiéndolo en el primer exmandatario colombiano con una condena penal.
El caso se centró en supuestas presiones y pagos a testigos presos, como Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, para que cambiaran sus versiones y favorecieran a Uribe. Aunque Monsalve nunca testificó a su favor, la jueza consideró que los intentos constituyeron delitos.
La Fiscalía solicitó 108 meses (9 años) de prisión y una multa de 1.025 salarios mínimos, pero aún falta la lectura de la condena definitiva, que se conocerá el 1 de agosto.
Uribe ha negado haber ordenado pagos o manipulación de testigos y anunció que apelará el fallo. La defensa, encabezada por Jaime Granados, argumenta que el proceso ha estado lleno de irregularidades y violaciones al debido proceso.
En el plano político, líderes como Iván Duque y Andrés Pastrana expresaron su respaldo a Uribe, mientras que el gobierno actual pidió respeto por las decisiones judiciales. La condena agita aún más la polarización nacional, a pocos meses del arranque de campaña para las elecciones de 2026.
El caso continúa, con posible impacto judicial, político y social en el país.
Redacción